Saber de leyes y de derecho solo es cuestión de búsqueda y si estas interesado en el presente artículo te hablaremos acerca de la responsabilidad penal. El cual es la manifestación más rigurosa del “ius puniendi” del Estado frente a sus ciudadanos, en protección de unos bienes jurídicos que se consideran relevantes para la sociedad: vida, integridad física, medio ambiente, seguridad laboral, etc.
De acuerdo al principio de intervención mínima, la responsabilidad penal debe tener un carácter residual, es decir, intervenir únicamente ante hechos muy graves y cuando hayan fracasado el resto de mecanismos de protección.
No obstante, la creciente sensibilidad en materia de seguridad y salud laboral, está comportando un incremento de las actuaciones penales en esta materia. Se han creado fiscalías especializadas, y los fiscales tienen la consigna de ser proactivos en la persecución de posibles delitos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Las vías de inicio de un proceso de responsabilidad penal pueden ser diversas entre esas denuncia de los perjudicados, comunicación por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y actuación de oficio de la Fiscalía o del Juzgado.
El procedimiento, se divide en dos fases: Fase de instrucción, donde el Juez de Instrucción abrirá Diligencias Previas y citará en calidad de testigo a quienes puedan aportar información sobre el caso, o como imputado a quienes puedan estar relacionados con la comisión de un delito o falta.
La declaración de testigo se realiza sin asistencia letrada, y el testigo está obligado a decir la verdad bajo pena de falso testimonio. La declaración de imputado se efectúa con asistencia letrada y el imputado podrá responder como mejor interese a su defensa.
Concluida esta fase, el juez emitirá un auto donde decretará el sobreseimiento total o parcial: es decir, el archivo total de la causa, por estimar que los hechos no fueron constitutivos de delito, o el archivo para alguno de los imputados, cuya actuación no se considera delictiva.
La continuación del proceso de responsabilidad penal mediante juicio oral para todos o parte de los imputados, a lo que se añadirá la calificación de fiscalía, fijando los delitos y las penas que se solicitan para cada uno de los acusados.
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